Gobierno destinará recursos recuperados del caso García Luna a escuelas en Guerrero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que los 5.8 millones de dólares recuperados tras procesos legales relacionados con Genaro García Luna serán destinados íntegramente al fortalecimiento de la infraestructura educativa en el estado de Guerrero. Estos recursos, obtenidos tras acciones legales en el extranjero, se enfocarán en mejorar las condiciones físicas de planteles escolares que presentan mayores rezagos, cumpliendo con el compromiso de canalizar los bienes recuperados de actos de corrupción hacia el beneficio social de las comunidades más necesitadas.

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo detalló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra coordinando los mecanismos financieros necesarios para que el dinero llegue directamente a los proyectos de rehabilitación y equipamiento. La selección de las instituciones beneficiadas será supervisada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), priorizando aquellas zonas rurales y marginadas donde la atención a los inmuebles es urgente para garantizar espacios dignos para los estudiantes.

El Gobierno Federal subrayó que este anuncio representa un paso significativo en la estrategia de recuperación de activos vinculados a redes de corrupción del pasado. Las autoridades mexicanas mantienen una estrecha colaboración con instancias internacionales para continuar con las investigaciones y rastreo de otros recursos financieros, particularmente aquellos vinculados a la familia Weinberg, con el objetivo de reintegrar más capitales al erario público mexicano.

La administración federal reiteró que no se detendrán los esfuerzos jurídicos internacionales para identificar y repatriar los bienes que fueron desviados del presupuesto nacional mediante esquemas ilícitos. El equipo de la Presidencia enfatizó que, conforme se logren identificar nuevos activos y se concluyan los litigios pendientes, los fondos serán asignados bajo criterios de transparencia y austeridad para fortalecer el desarrollo social en distintas regiones del país.

Finalmente, se aclaró que el proceso de trazabilidad de los recursos sigue su curso legal, garantizando que el dinero recuperado no se pierda en gastos administrativos innecesarios. Esta política de recuperación de activos se integra a la agenda de combate a la corrupción del Gobierno Federal, buscando que los recursos públicos regresen a sus fines originales en favor de la población mexicana.