Human Rights Watch advierte sobre retrocesos democráticos en México bajo administración actual

La organización Human Rights Watch emitió un informe este miércoles señalando que México se encuentra entre las naciones con mayores retrocesos democráticos en la región. El reporte destaca una marcada contradicción entre el discurso internacional que sostiene el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la realidad operativa que enfrentan las instituciones autónomas y los actores de la sociedad civil dentro del territorio nacional.

De acuerdo con la ONG, el fortalecimiento de las facultades de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha generado una erosión en el equilibrio de poderes. El documento subraya que la concentración de responsabilidades civiles en manos militares contraviene estándares internacionales de derechos humanos, generando preocupación sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder público.

El análisis también hace referencia a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Human Rights Watch argumenta que las tensiones institucionales han dificultado la capacidad de contrapeso necesaria para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, limitando el espacio de operación para defensores de derechos humanos y periodistas en diversas entidades federativas.

Por su parte, el gobierno federal ha mantenido una postura de defensa sobre su estrategia de seguridad, enfatizando que sus políticas buscan atender las causas raíz de la violencia a través de programas de bienestar y una mayor presencia del Estado en zonas históricamente marginadas. La administración sostiene que los cambios institucionales son parte de una transformación profunda orientada a recuperar la soberanía y la eficacia del Estado mexicano.

Finalmente, la organización exhorta al Congreso de la Unión a fortalecer los marcos legales que protejan la autonomía de los órganos constitucionales. La recomendación busca asegurar que el diálogo internacional de México sea congruente con una política interna que fortalezca el estado de derecho y garantice la protección de los derechos civiles frente a cualquier posible abuso de autoridad.