La SCJN obliga juzgar desapariciones de mujeres con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al determinar que los juzgados del país tienen la obligación de aplicar la perspectiva de género y el enfoque de interseccionalidad en todos los procesos judiciales relacionados con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos. Este mandato judicial establece que considerar estos criterios no es una opción para los juzgadores, sino un requisito constitucional indispensable para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en las investigaciones.

La decisión surge tras el análisis de casos donde la labor de defensa de derechos humanos fue un factor determinante en la desaparición de las víctimas. Al integrar la perspectiva de género, los jueces deberán evaluar cómo las estructuras de desigualdad, la violencia sistémica y los riesgos particulares derivados del activismo influyeron en los hechos, evitando que las investigaciones se limiten a una visión neutral que ignore las condiciones de vulnerabilidad específica de las mujeres.

Además de la perspectiva de género, la Corte subrayó la importancia de la interseccionalidad, lo que implica que las autoridades deben analizar cómo se cruzan factores como la etnia, el origen social, la condición económica y la actividad política de la víctima. Esta medida busca desarticular prejuicios que históricamente han obstaculizado el esclarecimiento de estos delitos y la protección de quienes dedican su vida a la defensa de las causas sociales en México.

Este criterio judicial vinculante deberá ser adoptado por todos los tribunales federales y locales al momento de evaluar pruebas y emitir sentencias. La resolución refuerza las obligaciones del Estado mexicano bajo los tratados internacionales, al reconocer que la desaparición de una mujer defensora genera una afectación diferenciada que requiere una respuesta del sistema de justicia capaz de identificar y sancionar las violencias estructurales presentes en estos contextos.

Organizaciones civiles han señalado que la implementación de esta medida permitirá un avance significativo en la lucha contra la impunidad en casos de desaparición forzada. Se espera que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales ajusten sus protocolos de investigación para alinearse con esta determinación, asegurando que el análisis del contexto de activismo sea parte central de cada carpeta de investigación.