Moody’s advierte que cambios judiciales frenan la inversión privada en México

La agencia calificadora Moody’s informó este domingo que la inversión privada en México continúa limitada debido a las recientes modificaciones en el sistema judicial y otras reformas estructurales. Según el reporte de la firma, este escenario ha incrementado la incertidumbre entre los inversionistas, quienes observan con cautela el entorno para el cumplimiento de contratos y la seguridad jurídica de sus proyectos en territorio nacional.

El análisis destaca que la percepción de riesgo ha sido afectada por los cambios en la arquitectura institucional del Poder Judicial. Para la agencia, la estabilidad en las reglas del juego es fundamental para mantener el atractivo de México como destino de inversión a largo plazo. Los analistas enfatizan que la certidumbre legal es un componente esencial que las empresas consideran antes de desplegar capital en sectores estratégicos.

Además de las reformas judiciales, el organismo menciona que diversas modificaciones legislativas implementadas en los últimos meses han generado dudas sobre el respeto a las garantías contractuales. Esta situación, según el documento, complica la toma de decisiones para las compañías locales e internacionales que operan bajo marcos normativos que han experimentado transformaciones recientes.

La postura de la calificadora se suma a las preocupaciones expresadas por diversos sectores del empresariado mexicano, quienes han solicitado mayor claridad en la aplicación de las leyes. El objetivo de estas agrupaciones es fomentar un clima de confianza que permita la llegada de nuevos proyectos, especialmente en un contexto global donde la relocalización de cadenas de suministro representa una oportunidad clave para el desarrollo económico.

Por el momento, las autoridades hacendarias han mantenido una postura de diálogo con el sector privado, buscando asegurar que la estabilidad macroeconómica del país se mantenga sólida. El gobierno federal sostiene que los ajustes realizados buscan fortalecer la soberanía institucional y el acceso a la justicia para todos los sectores, manteniendo el compromiso de fomentar un entorno favorable para los negocios y el crecimiento sostenido.