Mujer de 102 años recupera su propiedad tras siete años de litigio

Guadalupe Chávez Ortiz, una mujer de 102 años de edad, logró recuperar finalmente su vivienda ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México, tras siete años de enfrentar un proceso jurídico por el despojo de su propiedad. El conflicto legal, que se originó en 2018, concluyó esta semana con la restitución del inmueble a su legítima dueña, quien ha contado con el respaldo de familiares y colectivos ciudadanos para exigir justicia ante las autoridades locales.

El caso, que se prolongó desde finales de la década pasada, destaca la complejidad de los procesos de recuperación de patrimonio para adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad. Durante el periodo de litigio, la afectada presentó múltiples denuncias ante las instancias correspondientes en el Estado de México, señalando la ocupación irregular de su domicilio. La resolución favorable representa un cierre a una etapa de incertidumbre jurídica que mantuvo a la ciudadana alejada de su hogar durante gran parte de su centenario.

Autoridades judiciales del estado confirmaron que la diligencia de desalojo y entrega de la propiedad se realizó en apego a los protocolos legales vigentes. Tras años de audiencias y la presentación de pruebas documentales que acreditaron la propiedad de la señora Chávez Ortiz, el juez de la causa ordenó la restitución inmediata del inmueble, garantizando el respeto a sus derechos humanos y la protección de su patrimonio personal.

Vecinos de la zona, quienes han seguido de cerca el caso desde hace años, celebraron la recuperación del domicilio como un precedente necesario en el municipio. Por su parte, los representantes legales de la afectada han enfatizado la importancia de que el Poder Judicial continúe agilizando los procesos de propiedad para evitar que personas de la tercera edad enfrenten periodos prolongados sin acceso a sus bienes básicos.

Este suceso se suma a las preocupaciones ciudadanas sobre la seguridad patrimonial en áreas urbanas del Estado de México. La resolución es vista por organizaciones civiles como un paso fundamental para visibilizar los abusos contra adultos mayores y la necesidad de contar con mecanismos de atención más expeditos dentro de la Fiscalía General de Justicia estatal.