Sentencian a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión en México

Un juez federal dictó una sentencia de 15 años de prisión contra el empresario Zhenli Ye Gon, tras concluir el proceso judicial que enfrentaba por su participación en actividades ilícitas. La resolución judicial pone fin a un largo litigio legal que comenzó tras su detención y el posterior aseguramiento de bienes en una propiedad ubicada en la zona de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

El caso se remonta a marzo de 2007, cuando elementos de seguridad realizaron un cateo en el domicilio del empresario, donde se decomisó una cifra histórica de 205 millones de dólares en efectivo, además de otras divisas y sustancias químicas. Este operativo, ejecutado por autoridades federales, fue uno de los eventos más mediáticos en la lucha contra el trasiego de sustancias prohibidas durante aquella administración.

Tras el aseguramiento, el empresario fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos ante cortes extranjeras, donde cumplió una condena antes de ser devuelto a territorio mexicano en 2019. Desde su llegada a México, Ye Gon permaneció recluido en un centro federal de readaptación social, bajo la custodia de las autoridades del sistema penitenciario nacional, a la espera de que el Poder Judicial determinara su situación jurídica definitiva.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas documentales y testimoniales que permitieron al juzgador acreditar la responsabilidad del sentenciado en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de precursores químicos, así como por su vinculación con grupos de la delincuencia organizada. La defensa del empresario ha mantenido la posibilidad de interponer recursos legales adicionales para impugnar la decisión del juez, conforme a los derechos que la ley le otorga.

Este fallo representa un cierre simbólico para uno de los expedientes más extensos en la historia reciente de la impartición de justicia en México. Las autoridades federales han reiterado que este proceso se llevó a cabo bajo los lineamientos del marco jurídico vigente, asegurando el debido proceso y respetando las garantías fundamentales del imputado durante todas las etapas de la causa penal.