SSPC garantiza respeto a derechos humanos de Ernesto Ruffo en Altiplano

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este viernes que Ernesto Ruffo, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, mantiene acceso pleno a sus derechos humanos y garantías fundamentales. La dependencia federal desestimó los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el trato recibido por el interno dentro del recinto penitenciario.

Autoridades de la SSPC señalaron que, desde su ingreso al penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México, el recluso ha sido monitoreado bajo los protocolos establecidos por el sistema penitenciario nacional. Según la institución, el personal de custodia y los mandos administrativos han facilitado las visitas familiares, el acceso a servicios de salud y el contacto con su defensa legal, cumpliendo con la normativa vigente en materia de derechos de las personas privadas de su libertad.

La postura de la Secretaría busca aclarar las dudas surgidas recientemente respecto a las condiciones de encierro de Ruffo. La dependencia reiteró que el funcionamiento del penal del Altiplano está sujeto a inspecciones constantes de organismos de derechos humanos, las cuales verifican que las condiciones de vida y el trato del personal hacia los internos se ajusten a los tratados internacionales y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fuentes de la institución indicaron que, ante cualquier requerimiento adicional de la defensa o de las autoridades judiciales, la administración del penal se mantiene abierta a revisar los procedimientos internos. La SSPC subrayó que el compromiso de la actual administración es garantizar la seguridad y la integridad física de toda la población penitenciaria, sin excepciones, manteniendo el orden dentro de las instalaciones federales.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a las instancias correspondientes a seguir los canales legales para cualquier aclaración sobre la situación jurídica o personal de los reclusos. Con este pronunciamiento, el Gobierno Federal busca dar certidumbre sobre el cumplimiento de las leyes en los centros penitenciarios de alta seguridad del país.